El pasado 5 de octubre de 2026, entra en vigor en el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, completando la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152. Esta normativa deroga por completo el anterior Real Decreto 1659/1998 con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales más transparentes y previsibles en todo el mercado de trabajo.
A partir de este lunes, las compañías se enfrentan a un marco regulatorio mucho más estricto y formalista en sus procesos de contratación. La norma amplía drásticamente el volumen de información por escrito que un empleado debe recibir de forma obligatoria.
Las claves de la nueva regulación
Las empresas e instituciones públicas deberán adaptar sus contratos para desglosar de manera precisa diversos factores que hasta ahora se resumían de forma genérica:
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Identificación de la empresa y de la persona trabajadora.
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Fecha de inicio, centro de trabajo y puesto, categoría o grupo profesional.
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En contratos temporales, causa concreta de la contratación y duración prevista.
- Vacaciones: Duración de las vacaciones y procedimientos para establecer su periodo de disfrute.
- Desglose salarial estricto: El contrato deberá detallar por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales, especificando la periodicidad y los criterios si existe remuneración variable y su pago.
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Condiciones de los contratos fijos-discontinuos: indicar claramente periodos de actividad e inactividad previstos y las condiciones del llamamiento.
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Procedimientos y preavisos para la extinción de la relación laboral: procedimiento de extinción del contrato, incluidos los requisitos formales y plazos de los preavisos.
- Transparencia algorítmica: Se introduce el derecho pionero a conocer las pautas de los sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que utilice la empresa para tomar decisiones laborales (tales como la asignación de tareas, evaluaciones, reducciones de jornada o despidos).
- Previsibilidad horaria y de jornada: Las compañías están obligadas a plasmar un mapa horario exacto y una distribución de la jornada clara antes de que comience la prestación de servicios. Es decir, concretar la jornada, horario, turnos, horas extraordinarias y distribución irregular de la jornada. Hacer referencia a como se fundamenta esta obligación posteriormente según sea el sistema de control horario del centro.
- Convenio Colectivo: Se exigirá identificar plenamente el convenio aplicable aportando su denominación, código, fecha de publicación, vigencia y su situación de ultraactividad.
- Periodos de prueba e igualdad: Deberán detallarse las pruebas concretas que el empleado debe superar para evitar abusos temporales, así como los planes de igualdad o medidas contra el acoso vigentes en el centro de trabajo. El RD 723/2026 no modifica el régimen sustantivo de la extinción del contrato durante el período de prueba ni introduce la obligación de justificar dicha extinción. La novedad del artículo 3.h) es exclusivamente formal o informativa: la empresa debe comunicar por escrito la duración concreta del período de prueba y sus condiciones. Asimismo, este real decreto tampoco altera los límites máximos de duración del período de prueba, que continúan siendo los previstos en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, en el convenio colectivo aplicable.
- Medidas y recursos en materia LGTBI: medidas que se dispongan para evitar el abuso y la discriminación de las personas LGTBI en caso que se dispongan.
- Procedimientos aplicables para modificar funciones, clasificación profesional, salario o tiempo de trabajo.
Plazos de entrega y efecto retroactivo
La principal novedad práctica es el límite temporal. Para las nuevas contrataciones de relaciones laborales que superen las cuatro semanas de duración, la información esencial debe entregarse obligatoriamente antes del inicio de la prestación laboral.
Para aquellos empleados que ya se encuentren en plantilla antes del 5 de octubre de 2026, las empresas no están obligadas a rehacer sus contratos automáticamente. Sin embargo, la ley estipula que los trabajadores activos tienen derecho a solicitar por escrito esta actualización informativa, obligando al empleador a facilitarla en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Aclaración sobre las ofertas de empleo
Fuentes jurídicas y laborales aclaran que este Real Decreto 723/2026 regula la información contractual individualizada y no obliga por el momento a publicar las bandas salariales en las ofertas de empleo públicas o anuncios de trabajo. Dicha medida corresponderá a la futura transposición de la Directiva Europea de Transparencia Retributiva (Directiva (UE) 2023/970), que continúa en fase de tramitación.
El incumplimiento de estas nuevas obligaciones por escrito activará sanciones severas bajo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Modelo oficial para informar sobre las condiciones laborales publicado por el SEPE
Hemos elaborado un Tip resumen con los aspectos más relevantes de la norma